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Redacción/Noventa Grados
Morelia, Michoacán; 05 de Abril.-Conocer las implicaciones de la Ley General contra la Trata de Personas en las entidades federativas, así como los avances en materia de colaboración interinstitucional a través de programas locales contra el fenómeno fue el objetivo del Taller impartido por la Organización Internacional para las Migraciones, el cual tuvo como sede el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
En su apertura, el Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano puntualizó que la información es una condición necesaria para evitar flagelos sociales como es la trata de personas, en el que Michoacán ocupa deshonrosos lugares, por lo que el organismo facilita la realización de actividades como el Taller.
Al inaugurar formalmente las actividades, la diputada Laura González Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, afirmó que la trata es un tema “que duele a México y Michoacán”, es así que se debe de generar un trabajo eficiente para abordar el tema en la entidad y el país.
Cynthia Denisse Velázquez Galarza, coordinadora del Área de Trata de Personas, Migración, Género y Niñez Migrante de la Organización Internacional para las Migraciones, afirmó que debe existir una coordinación entre gobierno, sociedad civil y otros poderes para combatir impedir el delito de trata de personas el cual viola derechos de quienes son víctimas, por lo que se deben tomar medidas adecuadas para combatirlo.
Durante el Taller sobre la Legislación en Materia de Trata de Personas en México y sus Implicaciones en las Entidades Federativas Cynyhia Velázquez indicó que el delito de trata de personas afecta en un 80 por ciento a mujeres y niñas y del 60 por ciento de víctimas totales de trata, el 60 por ciento se refiere al ámbito laboral.
Explicó que los mecanismos por los cuales se da este delito se dividen en primera instancia en un proceso de enganche o reclutamiento en el que se ven inmiscuidos familiares, amigos o personas cercanas a la víctima en un 50 por ciento. Posteriormente, se busca trasladar a la víctima para que tenga un desarraigo con su ciudad de origen y pueda ser más fácilmente abusada, tanto para fines laborales, sexuales, de servidumbre o prácticas esclavistas.
Dijo que la homologación de criterios entre federación y los estados del país en sus leyes locales permitirá el contar con conceptos claros para actuar sobre los delincuentes y sus cómplices, mejorar los procedimientos de denuncia y persecución del delito y fomentar una mejor coordinación entre autoridades para brindar apoyo a las víctimas.
Participaron poco más de cien personas entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente.
